| El problema de la tierra en los Valles Calchaquíes |
| Comunidad Indígena Amaicha del Valle y Comunidad India Quilmes (CIQ) de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPDN) |
|
|
Aprea, Clara Inés; Aprea Nardo, Milagros Pilar; Landi, Gustavo Marcelo |
| 2010 |
Introducción
En el marco de los festejos oficiales por el “Bicentenario de la Patria” y de las actividades realizadas en todo el país en torno a dicho acontecimiento, tuvo lugar la “Marcha Nacional de los Pueblos Originarios” que durante casi diez días recorrió el país, desde distintos puntos, hasta llegar a la Capital Federal el 20 de mayo. Las columnas avanzaron por la ciudad y entraron a la Plaza de Mayo, epicentro de manifestaciones históricas que signaron las transformaciones políticas del país. “Caminando por la Verdad, hacia un Estado Plurinacional” fue la consigna que guió la caravana de más de 30 pueblos que se identifican como “naciones preexistentes”. La culminación frente a la Casa Rosada tenía un claro objetivo, en efecto, como interpelación al Estado Nacional.
Pero además, este hecho, superpuesto a la efeméride del Bicentenario, significó para los pueblos originarios la posibilidad de romper con el cerco de invisibilidad que los rodea a partir de la Conquista y a lo largo de una larga historia de “genocidio invisible”, represión, expulsión, silenciamiento y marginación; historia que presenta la contracara de la ficción patriótica.
Esta posibilidad, estimulada además por un contexto favorable al reconocimiento de diversos derechos indígenas por parte de estados y organismos internacionales; se vuelve también campo fértil para las ciencias sociales, que de alguna manera han sido cómplices por omisión de la enorme deuda histórica que arrastran las sociedades y los estados latinoamericanos.
A partir de los años noventa, los levantamientos indígenas en Ecuador, la irrupción del zapatismo en México, las movilizaciones campesinas e indígenas en Bolivia e incluso la experiencia piquetera en Argentina, constituyen, entre otros hechos, una constelación de “sujetos colectivos” (Garcés; 2003 ) que se han identificado como nuevos movimientos sociales. Su significado y su papel en la historia social y política de Latinoamérica es una de las contribuciones y los debates más interesantes de los últimos años. Entre sus diversos componentes, los pueblos originarios se destacan por su irrupción en los escenarios nacionales (sobre todo en Ecuador, México y Bolivia) y por los nuevos vínculos que establecen con las instituciones, emergiendo novedosamente como actores políticos.
Este trabajo pretende analizar, desde una perspectiva comparada, las experiencias de dos comunidades indígenas integrantes de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita. Las comunidades de Amaicha y Quilmes se desarrollan ancestralmente en el ámbito geográfico de los Valles Calchaquíes, territorio de la actual Provincia argentina de Tucumán. El problema de la tierra, considerada como “fundamento material y simbólico” de los pueblos indígenas (Concheiro; 2005), nos proporciona el elemento distintivo en relación a las posibilidades de supervivencia, desarrollo y resistencia de ambas comunidades. El concepto de autodesarrollo, expuesto por uno de los dirigentes de estas comunidades, se presenta como un elemento revelador en ese sentido. La situación jurídica y legal vinculada a la propiedad y/o el usufructo del territorio es diferente en cada caso, y da lugar a diferentes condiciones y estrategias a la hora de plantear proyectos comunitarios, posicionamientos políticos y perspectivas a futuro. A través de entrevistas y otros testimonios (documentos internos, informes periodísticos, comunicados) se abordará la disputa que actualmente mantienen en torno al territorio y a diversos recursos, principalmente en relación con tres aspectos: el desarrollo de emprendimientos vitivinícolas, la minería y el turismo.
La disputa por la tierra hunde sus raíces en el pasado a través de una serie de luchas a lo largo de más de trescientos años.
En este trabajo nos centraremos en las diferentes estrategias y formas organizativas que estas comunidades fueron adquiriendo en los últimos 30 años frente al avance de empresas y terratenientes sobre sus territorios. Intentaremos rastrear qué elementos vinculan a estas comunidades con los movimientos sociales emergentes después del Consenso de Washington y la aplicación de las políticas neoliberales de él surgidas. Trataremos de identificar aportes y singularidades de estas dos comunidades diaguitas.
I. Adaptaciones. Guerra, derrota y reacomodación[1].
La zona de los valles calchaquíes[2] es el lugar de asentamiento de diferentes grupos humanos desde hace 9000 años antes de nuestra era. A lo largo de ese tiempo estos grupos fueron habitando la zona y sus adyacencias constituyendo diferentes culturas agroalfareras que derivaron en Pueblos unidos por la lengua Kakan y conocidos actualmente como pueblos Diaguitas – Calchaquíes[3].
El contacto entre españoles y diaguitas calchaquíes desde 1534 inaugura 130 años de resistencia armada. Esa etapa es conocida como “guerras calchaquíes”. Los principales titaquines (caciques) de la resistencia hacia 1562 fueron Calchaquí de Tolombón, Silpitode y Viltipoco. Entre 1630 y 1637[4] Chelenín[5], e Iquín en 1665, que resiste el sitio español al pucará Quilmes hasta el agotamiento y la rendición.
El período de las “guerras calchaquíes” se desarrolló con múltiples estrategias por parte tanto de españoles y sus aliados[6] como de las confederaciones diaguitas y sus aliados[7] asimilando unos y otros diferentes técnicas de guerra de cada bando en un contexto de frontera[8].
El Gobernador del Tucumán Alonso de Mercado y Villacorta informaba al Virrey conde de Alba, en 1659 sobre la suerte corrida por los pueblos de los valles:
“Rota la guerra (...) y valiéndome para ello de la experiencia con que vine de los ejércitos de España, guié el intento por contrario dictamen al que siguió esta Provincia en las guerras pasadas (...) Moví las armas con diferente resolución, haciendo la guerra por asaltos a sangre y fuego, de que ha restado en poco más de cuatro meses, haberse degollado cuatrocientos indios de guerra, despeñádose y muerto en los alcances de las cumbres otras tantas mujeres y más, aprisionádose mil piezas (...) y remitido a poblarse a la paz tres mil almas (…)”.[9]
Las rebeliones eran organizadas de forma confederada entre los diferentes pueblos asentados a lo largo de los valles Calchaquíes, desde la Poma (Salta) hasta el Valle de Catamarca y La Rioja.
Parte de los sobrevivientes del sitio al pucará Quilmes fueron desnaturalizados[10] junto a otros pueblos de los valles. Se dice que sobrevivientes de las guerras huyeron a la alta montaña[11] o a los bosques[12].
El 14 de septiembre de 1666, Iquín y 750 quilmes, llegan a Buenos Aires siendo ubicados en la “Reducción de la Exaltación de la Cruz de los Quilmes”. Previamente a su paso por Tucumán y Córdoba parte de las familias eran repartidas en encomienda a terratenientes, debiendo soportar el destierro y formas no libres de trabajo. Unas 50 familias de Acalianos y de otros pueblos fueron desterrados a la reducción. Allí, lograron mantener viva parte de su cultura y estructura organizativa. Algunas fracciones de la población desnaturalizada desarrollaron artimañas para retornar a sus regiones de origen[13].
En 1716 representantes del Rey de España y el cacique Chapurfe, hijo del cacique Utivaitina firman una Cédula Real donde reconocen a Quilmes, Amaichas y Tolombones el territorio y ordenan a los terratenientes de Tucumán entregar a los pueblos recibidos en encomienda para ser cristianizados.
Para finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX la lucha por la tierra será una constante. Los principales terratenientes que tuvieron que enfrentar los amaichas fueron la familia Aramburu[14], Sigfredo Brachieri[15], entre otros[16]. Si bien, aún no contamos con información referida a la pérdida del territorio correspondiente a Quilmes, probablemente la declaración de tierras vacas fue la estrategia por parte de los terratenientes como mecanismo legal de desposesión. A partir de la década de 1820, la apetencia por dichas tierras se hizo más evidente y fue común que las autoridades políticas entregaran a particulares terrenos que se consideraban vacos o baldíos. Hasta 1858 el mecanismo para obtener estas tierras era bastante sencillo: el interesado denunciaba la vacancia de las tierras en cuestión, las autoridades realizaban un remate público de las mismas y luego eran concedidas en arriendo o vendidas por el estado, que se consideraba depositario de ellas (López; 2006).
Tres nombres figuran como precursores en la región de los denominados “peregrinajes” en reclamo de soluciones estatales al problema de la tierra en Amaicha. Para 1796 Lorenzo Olivares[17], Juan Pastrana[18] en 1872 y Juan Solís de Ovando, que finalmente logra la protocolización de la Cédula Real de 1716 sobre la cual los actuales comuneros basan hoy los derechos sobre las tierras que ocupan.
Florencia Carlón sostiene que “(…) los viajes pueden constituirse en medios para efectuar reclamos y construir paralelamente una unidad sociocultural (…) Paralelamente, estos viajes deben enmarcarse en una dimensión simbólica pues en muchos casos funcionan como un elemento de reafirmación de valores morales y de creencias fundamentales que sientan las bases de una existencia colectiva.”
II. El proceso organizativo desde los setenta a la actualidad
El sistema de “obligaciones” se mantuvo vigente hasta años posteriores a la década de 1960, “nos vimos obligados a trabajar en los cultivos de los terratenientes -gratis o mal pagados- para poder permanecer en el lugar. Esto era lo que se llamaba “obligación”. Pero, además, teníamos que entregar al patrón sumas anuales de dinero, parte de las cosechas o de nuestros animales si queríamos cultivar la tierra o criar ganado. El patrón imponía todas las condiciones. Incluso los turnos de agua. Quienes se atrasaban en el pago, quienes no asistían a las obligaciones, quienes no concurrían a la zafra o no votaban por el partido del patrón eran desterrados. La policía y el juez de paz los despojaban de sus pocas pertenencias y, si se resistían, los azotaban. Los terratenientes eran los contratistas de los ingenios y, a la vez, eran ellos – o sus parientes- quienes ejercían los cargos de jueces y comisarios de la zona.” (Comunidad India Quilmes, 2008). Otro testimonio al respecto lo da Luís Costilla comentando que “mi abuelo, él tenía vacas y tenía que pagar yerbaje (…), el derecho del campo, el terrateniente que se llamaban los Chico, los Cano, todos los años tenía que darle una vaca a ellos, un ternero de los mejores (…), cuando los campos eran nuestros, de la gente, de los comuneros y ellos, el colonizador le ha dado a ellos y ha venido de tradición en tradición y se hacen los dueños, pero no tienen papel, no tienen nada.”
El ejemplo de otros pueblos originarios en el país, incentivó la posibilidad de organizarse, “surgen pequeñas organizaciones locales, efectuándose también reuniones de carácter regional (…). La incipiente movilización de algunas comunidades aborígenes empieza a demostrar inmediatamente la necesidad de coordinar sus luchas, que en general, plantean problemas similares. En Buenos Aires la Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas, en colaboración con la Confederación Indígena Neuquina crea las condiciones para la realización de un encuentro de delegados aborígenes de todo el país. (Diario Noticias del País, 1974). En abril de 1972 se desarrolla el Primer Parlamento Indígena Nacional el “Futa Traun”, realizado en Neuquén, donde la organización mapuche tiene mayor desarrollo. “Durante las discusiones en las mesas de trabajo la cuestión de las tierras apareció como un denominador común de la situación por la que atraviesan los distintos grupos aborígenes. (…) Las comunidades se pronunciaron en el sentido de querer poseer las tierras en conjunto, sin que se realizara la parcelación, porque esta resultó siempre una facilidad para el despojo”. Otros puntos trabajados en el Futa Traun fueron la cooperativización y retomar pautas de trabajo tradicionales. En un segundo orden de problemas surgió la cuestión educativa (falta de escuelas, la desvalorización de las culturas autóctonas, entre otros).
Para septiembre de 1973 se logra realizar en Amaicha el Primer Parlamento Regional Indígena, denominado Juan Calchaquí, organizado por la filial Tucumán de la Unión Indígena. La consigna de convocatoria fue “Unión y organización para la reconstrucción nacional”, en estrecha connotación con las tareas realizadas en otras esferas por la denominada “tendencia revolucionaria” del peronismo. El Diario Noticias del país en una nota del 27 de abril de 1974 reproducía “No queremos más ni tutores, ni supervisores con grandes presupuestos que viven de nosotros. Queremos las tierras, líneas de crédito, que se nos respete y que se nos permita organizarnos”. Un niño de aquella época: Antonio Caro, hoy Delegado de la comunidad de Base de Talapaso (CIQ), recordaba, “tenía casi 10 años, participe en el primer Congreso Indígena que se hizo en el Valle Calchaquí en el año 73 y escuche los reclamos. Se hizo en Amaicha. El primer reclamo era el tema territorial, el segundo el agua”.
Durante el desarrollo del parlamento estuvieron delegados de Quilmes, Colalao del Valle, El Carmen, Anjoana, Los Zazos, El Pichao, Amaicha del Valle, Los Corpitos, El Infiernillo, Los Chañares, etc. Entre las resoluciones se destacaron “mantener e incrementar la organización regional”, concluyendo en “recuperar las tierras perdidas en manos de intrusos que son amparados por leyes que han sido creadas por ellos para explotarnos”, “títulos de propiedad definitivos inembargables e intransferibles, de propiedad de las tierras que habitamos desde siempre (…) adaptados a las modalidades de cada comunidad”. Otras conclusiones hacían referencia a garantizar legalmente la delimitación clara de las mensuras y eliminar la inseguridad jurídica respecto a las posesiones ancestrales que la Cédula Real de 1716 garantiza, además de proveer tierras para aquellas comunidades desposeídas, garantizar parte de las 200.000 hectáreas que en Tafí del Valle arrendatarios pagan a terratenientes que no tienen títulos, reclamos respecto a la educación y tener en cuenta las culturas originarias, problemas sanitarios ante la falta de políticas de salud, condena a las doce familias terratenientes de Tucumán que continuamente procuran acrecentar sus tierras, además de manipular y monopolizar el manejo de los cursos de agua para regadío.
En 1973 una delegación “bajó” en una nueva “peregrinación” a Buenos Aires, e intentó entrevistarse con el Presidente Juan D. Perón, quien les dio la espalda, en similar actitud a la tomada en 1946 con el “malón de la paz”. Luego de trámites burocráticos infructuosos, dejan una carta dirigida a Perón firmada por 30 delegados. Hay fragmentos de la carta que resultan elocuentes: “en nombre y representación de la Federación Indígena de los Valles Calchaquíes tenemos el alto honor de dirigirnos a usted a los fines de hacerle llegar nuestros viejos y angustiantes problemas (…) habiendo tantas (…) miles de hectáreas (…) negadas por los seudo terratenientes, los que impiden que podamos concretar (…) nuestras justas y patrióticas ambiciones. Como usted sabe mi general estas tierras son del indígena, son Nuestras Tierras, las que en reiteradas veces hemos pedido al gobierno de nuestra provincia para que se nos reconozcan nuestros legítimos derechos y se nos otorguen los correspondientes títulos de propiedad a nuestras comunidades – y siempre nos dicen que están en estudio y que esperemos – y seguimos esperando por tiempo indefinido, aunque siempre manteniendo nuestra esperanza en el Gobierno popular (…) estas familias de seudo terratenientes (…) han tenido mucho que ver en los gobiernos anteriores en negocios poco claros sobre los títulos de propiedad (…) los terratenientes aludidos son (…) Chenault, Frias, Silva, Esteves, Zavaleta, Terán, Chico, etc.”
En 1974 el clima político nacional se va oscureciendo, la rearticulación regional con epicentro en Amaicha va a generar una serie de hechos de protesta los cuales pudimos relevar a partir de notas periodísticas del Diario Noticias del país y otras publicaciones. Todo indica que posterior al Parlamento hubo una creciente rearticulación organizativa y una conflictividad social emergente entre las comunidades diaguitas calchaquíes. A mediados de enero de 1974 cortan la ruta nacional Nº 40 con unos 300 manifestantes contra la paralización de obras públicas y atraso en el pago de haberes de trabajo transitorio. La publicación Nuevo Hombre Nº 56 de febrero de 1974 refiere el hecho con el título de “Rebelión popular en los valles calchaquíes” donde resalta que pobladores de los valles “procedieron a tomar en sendas oportunidades la ruta (…) La clase obrera y el campesinado, utilizaban el único camino que les queda [ante] la falta de pago y la virtual paralización de las obras públicas en la región (…) alrededor de 300 obreros, incluidos un buen porcentaje de indígenas”. Para el 6 de febrero el recrudecimiento del conflicto adquiere connotación nacional. Con el título de “López Rega cuestiona a Santana” el diario Noticias del país se hace referencia al desplazamiento del Servicio Nacional de Asuntos Indígenas a Pedro Santana, militante de Peronismo de Base y uno de los impulsores (en ese momento) de la organización de los pueblos del valle, paralelamente en Tafí del Valle exigen la cooperativización de las comunidades indígenas de la Zona. Una semana después por el mismo medio la Federación Indígena Regional Tucumán denuncia atropellos por parte de terratenientes a la población de los valles. Además, Santana “declaró que los delegados indígenas habían venido a la capital provincial para insistir en sus reclamos sociales y laborales todavía sin solucionar”, esta delegación no fue recibida por las autoridades provinciales, además de ser acusados por el legislador justicialista Gustavo Erdman de “haber dejado entrar elementos extremistas en el seno de la comunidad indígena”.
La embestida de los sectores reaccionarios del peronismo irán minando las posibilidades de accesibilidad a los ámbitos gubernamentales, obligando a la Federación Indígena Regional Tucumán a emitir un nuevo comunicado, relevado por el Diario Noticias del 13 de marzo, donde denuncia “que se pretende crear un clima para desprestigiarla, y dice que forma parte de esa campaña de acusación lanzada por un diputado conservador, Gustavo Erdman, a los dirigentes Feliciano Condorí, secretario General de la entidad indígena y Pedro Santana, presidente, en el sentido de que son comunistas. El documento afirma que los atacados son de reconocida trayectoria en el movimiento peronista y en su parte final exige la libertad de seis indios detenidos”.
Por su parte la CIQ narra respecto a la experiencia de la Federación “que por inexperiencia y falta de medios, no tuvo trascendencia. Se planteó un proyecto de expropiación de las tierras que debían ser devueltas a nuestras familias, pero no prosperó nunca: se produjo el golpe de 1976”.
Para 1975, el Operativo Independencia en plena actividad para desarticular a la guerrilla en el monte tucumano redujo drásticamente las posibilidades de reunión y los proyectos se estancaron, “nuestra gente tenía problemas para reunirse (…) terratenientes denunciaron por extremistas a los dirigentes para combatir a quienes luchaban por sus tierras”. La conflictividad social emergente a partir de la rearticulación de las comunidades sufrirá una nueva desestructuración por parte del Estado.
En 1976 los terratenientes empiezan un juicio de desalojo contra Jesús Costilla de Quilmes: “la policía lo maneja fiero, yo he sufrido mucho golpe, a mí me han torturado, la gendarmería me ha llevado al Mollar en Tucumán, me han vendado los ojos, me han colgado de las patas y ahí me han volteado (…) he sufrido mucho golpe, me han pegado mucho”. Ante la embestida de las familias terratenientes vuelven las “obligaciones” pero parte de la comunidad Quilmes se niega a pagar y cumplir con ellas amparándose en el caso de Jesús Costilla, “si perdía Jesús, decían, pagarían todos. Además dejaron de ir a las obligaciones. Así la población quedó dividida entre quienes creían que Jesús ganaría y los que lo daban por perdedor” (CIQ; 2008).
En 1977 el Estado provincial expropia 206 hectáreas a la familia Chico donde se localiza el Pucará Quilmes. Durante este período se comienzan las tareas de restauración llevada adelante por el gobierno militar, que contratan gente de las comunidades con mecanismos cercanos a la coerción, “más o menos, había que trabajar ocho horas, y caminar 6 Km. de ida y 6 de vuelta, porque íbamos a pata para ahí, no había caminos, nada y había que hacer todo, desmontes, con picos, palas, barreta, todo eso, hacíamos ese trabajo, muy, mucho sacrificio, 50 personas éramos los que estábamos ahí, y traían gente de Pichao, que tenían que salir a las 4 de la mañana de Pichao pa`llegar a las 8 aquí” nos comentaba Simón Costilla en 2009, quien fue trabajador de la reconstrucción de parte de la ciudad Quilmes.
En 1978 se creó el Centro Unión y Progreso de la Zona de Quilmes que empezó a medir parcelas para hacer juicios de prescripción adquisitiva y lograr títulos individuales. Si bien se podía lograr la tenencia individual, los campos comunitarios donde estaba la leña, el agua y demás recursos seguían en manos de terratenientes.
Pasada la dictadura se realizó el segundo congreso en 1984 donde se reconoció la personería jurídica de la Comunidad India de Quilmes (CIQ). En 1985 se sancionó la ley 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (promulgada recién en 1989).
El tercer congreso se celebró en la casa de Jesús Costilla que había ganado el juicio. El juicio fue algo que marcó a la comunidad, a pesar del tiempo respecto a lo penoso y traumático, creo las bases de un empoderamiento comunal, “a pesar de todo no me han podido cabrear (…) he tenido mucho contratiempo, el juicio más, uno a veces no sabía cómo iba a salir, pensaba mucho y sin plata a veces, sin plata, porque yo trabajando así (mientras habla corta poleo para las cestas que realiza en su trabajo de artesano), con esto, he ganado el juicio, yo cuando tenía tiempo, me venía y ponía a trabajar y ya me anoticiaban y me tenía que ir (…) a presentarme, los abuelos sabían que esto estaba mal comprado, el terrateniente, estaba mal comprado, nosotros sufríamos así, sirviéndole al dueño de tierras, digamos al terrateniente.”
En 1989 la familia terrateniente Chico cobró la indemnización millonaria del juicio ganado al Estado que incluyó el cálculo de metros construidos por los Quilmes en el Pucará.
Durante 1990 se crea la Comisión Coordinadora de Comunidades Calchaquíes. Para 1992 la coordinadora participa en los actos de repudio por el V centenario de la colonización. Además, formó parte de los grupos que impulsaron la incorporación de los derechos de pueblos originarios en la reforma constitucional de 1994.
Durante 1992 la gobernación de Ramón Ortega concesiona el pucará Quilmes (ciudad Sagrada Quilmes) por 100$ mensuales al empresario Héctor Cruz que monta un complejo sobre parte del Pucará. La concesión finaliza en 2002 pero el empresario continúa, a pesar de un recurso de amparo presentado por la CIQ.
Un hito organizativo importante que trasciende lo local para empezar a consolidar nuevas estrategias organizativas a nivel regional es la constitución en 2005 de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) que organiza a 20 comunidades de las provincias de Tucumán, Salta, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero tendiendo a la integración de 3.000 familias aproximadamente de origen diaguita. Para el año 2006 se logra que la convención constituyente de la provincia de Tucumán incorpore legislación relativa a los derechos de los pueblos originarios.
En 2007 luego de cortes de ruta y desalojo del empresario por parte de la justicia, la CIQ recupera la ciudad sagrada Quilmes y la provincia inicia una causa judicial por usurpación.
Entre 2008 y 2010 las causas judiciales y las embestidas por parte de quienes tienen intereses en las tierras ocupadas por las comunidades diaguitas sumaran dos asesinatos y alrededor de 10 causas judiciales referentes a desalojos.
III. Las comunidades Amaicha y Quilmes a la luz del debate sobre los “nuevos movimientos sociales”
La emergencia del movimiento indígena en América Latina en las últimas décadas se ha interpretado a la luz de las teorías sobre los “nuevos movimientos sociales”. Waldo Ansaldi (2005/2006) señala que, a partir de la década del 80, se pueden distinguir “dos momentos”: en el primero, con el final de las dictaduras y la transición a la democracia, los movimientos se definían por alguna reivindicación específica (pertenencia etaria y/o de género, defensa del medio ambiente y/o de los derechos humanos, etc); en el segundo, a partir de 1990, los movimientos sociales combinan una “doble pertenencia” de clase (campesinos) y étnica (pueblos originarios) “y están asociados a la brutal expansión de las políticas y la globalización neoliberales y a la consolidación del nuevo patrón de acumulación del capital”[19]. Los movimientos de este segundo momento se definen por la resistencia a estos “cambios regresivos en la estructura social” y se caracterizan por plantear “formas reactivas de lucha que, siendo inicialmente sociales enfrentados con terratenientes y empresas agrícolas (…) se tornaron políticas, se interceptaron –y hasta colisionaron- con el Estado” llegando a desestabilizar gobiernos e incluso con capacidad de deponerlos. En la periodización de Ansaldi la piedra de toque de este segundo momento es precisamente el levantamiento indígena-campesino en Ecuador.
Se ha debatido largamente sobre el carácter novedoso de estos movimientos. En efecto, “lo nuevo” no está dado por los sujetos en cuestión –los indígenas constituyen el caso más ilustrativo- , sino por los modos en que estos sujetos colectivos se definen a partir de lógicas emancipatorias novedosas. Para el sociólogo Boaventura de Souza Santos, la comunidad tiene un significado profundo en ese sentido, porque permitiría forjar una nueva relación entre subjetividad, ciudadanía y emancipación.[20]
En este apartado nos interesa examinar en qué medida las actuales comunidades Amaicha y Quilmes presentan características propias de los movimientos sociales. Si bien el componente indígena-campesino no es una novedad, algunos elementos, comunes a otros movimientos, dan cuenta de un fenómeno singular, distinto de lo que podrían haber sido el indigenismo, las rebeliones o los movimientos milenaristas de los años veinte y treinta. Por otro lado, se hacen necesarias algunas precisiones para acercarnos a la especificidad de los pueblos originarios.
En primer lugar, el elemento campesino tiende a veces a “confundirse” con el elemento indígena. Diego Domínguez analiza la conformación del “movimiento campesino” en Argentina y abreva justamente en ese debate. Para Domínguez, las luchas por la tierra y el territorio instalan la discusión sobre el control de los recursos naturales. El proceso de reorganización territorial impulsado por la penetración de empresas multinacionales, la reedición del modelo agroexportador con la expansión de la frontera agrícola y el avance sojero; el desmonte, los nuevos cercamientos, la contaminación por fumigaciones y fertilizantes químicos que precisa el monocultivo, la reducción de mano de obra por las nuevas técnicas agroindustriales (utilización de transgénicos, entre otras), la privatización de caminos y pastos y, por último -quizás lo más sintomático-: la expulsión de población y los desalojos; son algunas de las condiciones de un nuevo “contexto estructural” en el que Domínguez intenta rastrear el nuevo movimiento campesino. El autor considera a las comunidades indígenas como parte del movimiento campesino, dado que la confluencia de sus demandas les otorgan una perspectiva política más amplia, siendo capaces de encabezar la lucha frente a situaciones que ya no son vistas por el resto de la sociedad como exclusivas de estos sectores, sino que dan cuenta, precisamente, de la crisis de los modelos de desarrollo hegemónicos.
El interés central de Domínguez está puesto en la resistencia a estos modelos de desarrollo y en las alternativas que subyacen a su impugnación por parte de un movimiento campesino forjado en experiencias diversas. “Quizás la fuerza del movimiento indígena termine absorbiendo lo campesino, sin embargo, al momento actual pareciera que esta última noción en términos políticos apela a una generalidad que no excluye lo indígena. Inversamente esto no sucede, lo indígena o las reivindicaciones étnicas en términos políticos refieren a cuestiones que muchas veces excluyen ciertas dimensiones a las que refiere lo campesino, haciendo que no se tenga la misma potencia política (…) la misma capacidad de articular luchas.” (Domínguez; 2003).
Sin embargo, la especificidad del movimiento indígena es también apelable desde una perspectiva política. En Argentina la presencia de los pueblos originarios ha sido invisibilizada sistemáticamente a partir de la conquista y con la definitiva “pacificación” del territorio por parte del Estado Nacional. Pero a partir de un largo proceso de avances jurídicos y de una resistencia sostenida, el movimiento indígena está en condiciones de forjar para sí un nuevo papel. Aún así, la “doble pertenencia” de clase y étnica que señala Ansaldi nos parece fundamental para comprender la inscripción de los pueblos originarios en el nuevo contexto estructural. Lo mismo sugería ya en la década del veinte José Carlos Mariátegui, al vincular el problema del indio al problema de la tierra y el latifundio. Lo que no puede dejarse de lado es la emergencia del indígena como sujeto político, fundamentalmente a partir de su irrupción en el escenario político latinoamericano en las últimas décadas (con más fuerza en Ecuador, México y Bolivia), y el proceso abierto, paralelamente, de reconocimiento de los pueblos indígenas como portadores de un proyecto propio y alternativo de sociedad.
De acuerdo con Pablo Dávalos, es precisamente la reivindicación del “estado plurinacional” por parte del movimiento indígena ecuatoriano lo que les permitió posicionarse como actores políticos, ya que esta demanda implica un proceso de transformación social y de reforma del estado (Dávalos; 2003). En nuestro país los pueblos originarios están bastante lejos de instalar ese debate a nivel nacional; no obstante, a través de sus propias experiencias de resistencia y organización pudieron acumular una serie de recursos e instrumentos jurídicos que les permiten posicionarse frente al estado y la sociedad como actores políticos por derecho propio. Esto se puso de manifiesto en la Marcha de los Pueblos Originarios en el marco del Bicentenario, en el que más de 30 comunidades de todo el país confluyeron en Plaza de Mayo y conformaron una delegación que fue recibida por el gobierno nacional. La caravana que duró varios días fue promovida y financiada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas[21] y en gran parte movilizada y organizada por la Organización Barrial Tupac Amaru, de fuerte presencia en el Noroeste. La Unión de los Pueblos Diaguitas participó de este acontecimiento. El documento “Caminando por la Verdad, hacia un Estado Plurinacional” presentado al gobierno y a la sociedad, hace un llamado al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural pero haciendo hincapié en la deuda histórica de reparación que pesa sobre el Estado argentino:
“Julio A. Roca generó el primer caso de Terrorismo de Estado, apremios ilegales, exiliados, desterrados, tráfico y apropiación de niños y desaparición forzosa de familias, comunidades y Pueblos enteros que aun esperamos la reparación histórica, que a muchas generaciones nos fue negada. Reparación que no podíamos esperar de los héroes patricios, ni de discriminadores y racistas gobiernos, que se sucedieron hasta el día de hoy. Peor fue la suerte con nuestros pueblos, al caer en manos de gobiernos feudales en provincias donde la impunidad y el abuso de poder son algo que no se logra parar. El reconocimiento jurídico y constitucional que tanta movilización y fuerza indígena exigió, hoy lo tenemos escrito, aprobado y es base para una nueva institucionalidad, de relación de Pueblos Indígenas y Estado. Ello nos da una oportunidad histórica de avanzar hacia un Estado que reconozca y consolide un nuevo Estado Plurinacional, que contenga y se fortalezca constituyendo una sociedad pluralista y democrática. (…) El Bicentenario debe ser la oportunidad histórica para generar el acto de reivindicación que las naciones originarias esperan en el silencio de sus montes, cordilleras, estepas, valles y montañas. Un silencio que ha sido interrumpido por el tronar de motosierras que todo desmonta, el rugido de topadoras y explosivos de las mineras que todo lo vuelan, el ingreso de petroleras que todo lo envenenan, la penetración de iglesias y sectas que todo lo convierten, partidos políticos y ofertas electorales que quiebran toda la unidad comunitaria.”
En este último párrafo se pone de manifiesto la creciente avanzada del capitalismo sobre las formas de vida de las comunidades indígenas. También podemos encontrar aquí la clave de la identificación con otros movimientos sociales.
Raúl Zibecchi aporta un análisis muy preciso de los nuevos movimientos sociales identificando algunas características comunes. Pasaremos a enumerarlas esquemáticamente de acuerdo con la síntesis que ofrece Ansaldi y luego abordaremos los casos de Amaicha y Quilmes a la luz de ellas. 1) Territorialización; 2) Búsqueda de autonomía (respecto del Estado y los partidos políticos); 3) Revalorización de la cultura y reafirmación de la identidad; 4) Capacidad de formar intelectuales propios; 5) Nuevo papel de las mujeres; 6) Preocupación por la organización del trabajo y la relación con la naturaleza. 7) Nuevo repertorio de lucha basado en formas autoafirmativas a través de la reapropiación material y simbólica de un espacio ajeno resignificado.
De acuerdo con Zibecchi, el rasgo más importante de los nuevos movimientos sociales es la territorialización. La tierra se concibe, en este caso, más allá de su significado como propiedad o como medio de producción. En efecto, en el caso de los pueblos indígenas, la lucha por la tierra define sus formas de resistencia y organización, al ser el fundamento material y simbólico de su existencia. Si bien las reivindicaciones de los pueblos originarios exceden el problema del territorio, es a partir de esta disputa que se pone en evidencia su inevitable oposición a las instituciones del estado capitalista (las formas de propiedad, en primer lugar) y al mismo capital. La reestructuración espacial del capitalismo abre un nuevo escenario en el que la demanda por la legítima propiedad comunitaria se convierte en urgente y prioritaria.
El segundo rasgo que señala Zibecchi es la búsqueda de autonomía. Las autoridades de las comunidades de Amaicha y Quilmes coexisten con las instancias “occidentales” de gobierno y de algún modo se desenvuelven en conflicto con ellas. En el año 1998 la CIQ decide conformar un Concejo de Delegados que representa a cada Comunidad de Base, amparándose en los avances en la legislación. De la misma manera funcionan en Amaicha las asambleas de comuneros. La diferencia en relación al reconocimiento de la propiedad define el grado de conflicto con las esferas de gobierno local y/o provincial: el poder judicial que responde al los terratenientes de los Valles, llegó incluso a negar la personería jurídica de la CIQ con el propósito de desconocer sus derechos de propiedad e incumplir así con la legislación correspondiente (ver apartado sobre Vitivinicultura).
La autonomía en relación al Estado no se plantea sólo en las estructuras políticas, sino también en cuanto a las formas de desarrollo económico. El concepto de “autodesarrollo” que utiliza Eduardo Nieva, abogado y cacique de Amaicha, da cuenta de esa búsqueda de autonomía basada en la identidad: “Lo que nos está faltando es tener una política propia de un autodesarrollo, es lo que estamos trabajando en Amaicha. Para eso no nos sirven los planes de trabajo, eso (…) al contrario nos afecta, porque va matando la cultura y se hace un asistencialismo terrible. Entonces la salida de todo eso es buscar, como pueblos indígenas, ese autodesarrollo. (…) Tenemos que estar fuertes institucionalmente para lograr ese objetivo y tener nuestras propias fuentes de trabajo, nuestros propios medios económicos para que realmente podamos salir adelante. (…) Esta cuestión que se llama globalización avanza a pasos gigantescos, pero nosotros (…) tenemos nuestra identidad, nuestra cultura, ese fuerte, y (…) eso nos va a motivar para que realmente organizados podamos discutir cual sería nuestra propia política económica, nuestra propia política de desarrollo interno de nuestras comunidades, porque todo lo que es asistencialismo no nos sirve para nada, al contrario nos va matando de a poco. En eso (...) estamos trabajando.”
Y aquí se nos presenta otra de las características que señala Zibecchi: la revalorización de la cultura y la reafirmación de la identidad. La imposición cultural, la negación producto del miedo y la aculturación, no representan tan solo un “daño moral” para las comunidades indígenas, sino que atentan contra sus propias posibilidades de autodesarrollo. Esto se pone en evidencia en el caso de los descendientes diaguitas del territorio chileno que habrían apoyado la instalación de la empresa minera multinacional Barrick Gold[22]. Abordaremos después la cuestión de la minería; lo importante de esta mención es que los testimonios se destacan por la recurrencia a un tiempo verbal en el que las prácticas, costumbres y tradiciones indígenas se asocian con el pasado. En el caso de Amaicha y Quilmes la revalorización de la cultura y la identidad está vinculada justamente a la preocupación por la organización del trabajo y la relación con la naturaleza. Las formas de producción material que permiten la subsistencia de las comunidades indígenas se basan en el respeto por la tierra y los recursos naturales, integrados a una cosmovisión que se nutre del culto andino a la Pachamama.
Por otro lado, la expansión del mercado del Turismo en las últimas décadas ha permitido impulsar proyectos de creación de fuentes de trabajo de acuerdo con lógicas autogestivas. Es el caso de la Hostería de Amaicha, una gran construcción abandonada y notablemente destruida que pertenecía al Automóvil Club Argentino y que fue tomada por la comunidad Amaicha, logrando, por parte del gobierno provincial -propietario del predio-, la posesión y el usufructo a los efectos de emprender un proyecto turístico administrado por la comunidad. Por su parte, los Quilmes tomaron en 2007 la Ciudad Sagrada, un enorme complejo arqueológico reconstruido que estaba concesionado a un particular y que era administrado como una empresa comercial turística. Las “Ruinas de los Quilmes” incluían un local de venta y un hotel con pileta, sin relación alguna con el entorno natural y con la vida de la comunidad Quilmes. En ambos casos, las tomas se llevan a cabo como “formas autoafirmativas”, en consonancia con el planteo de Zibecchi acerca de los repertorios de lucha de los nuevos movimientos, basados en la “reapropiación material y simbólica de un espacio ajeno resignificado”.
La trayectoria de Eduardo Nieva es una clara demostración de la “capacidad para formar intelectuales propios”. Nacido en Los Zazos, Amaicha, Eduardo Nieva se traslada a Buenos Aires para formarse como abogado y empieza a tener tempranamente una participación activa en el movimiento indígena en Argentina. Es así como recibe una beca del Fondo Indígena para trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Estados Unidos. Su recorrido continúa como consultor para distintas ONG`s en el país. Participa de numerosos encuentros y congresos, e integra la redacción de declaraciones y proyectos legislativos sobre derechos indígenas a nivel internacional. Su función como dirigente de la Comunidad de Amaicha del Valle está nutrida de una vasta experiencia y responde a un profundo principio de “vuelta a la comunidad”, que implica traer el conocimiento y la formación que contribuyan a su fortalecimiento. Además hay que destacar la formación de gran cantidad de comuneros en diferentes tecnicaturas relacionadas con medio ambiente, alimentación, turismo, entre otras.
El nuevo papel de las mujeres se expresa cabalmente en la conformación de la Unión de Mujeres Diaguitas, que tuvo su primer encuentro en enero de 2010 en la comunidad de Chuschagasta. En los encuentros siguientes pudieron abordar una serie de problemáticas que incluyen identidad de las mujeres indígenas y su representación en los medios, violencia doméstica, salud y educación sexual, participación y organización de la mujer (subrayando la falta de mujeres dirigentes en las comunidades). [23]
En la actualidad, ambas comunidades identifican tres “frentes” de lucha vinculados a la problemática del territorio y los recursos: la minería, los emprendimientos vitivinícolas y el turismo (también ligado en muchos casos con instalaciones de bodegas).
IV. Conflictos actuales
IV. a) Minería
La explotación minera es uno de los “frentes” de lucha de los pueblos originarios, en este caso su expansión, para la extracción y explotación de los recursos naturales ha avanzado en las últimas décadas, y ha propiciado la evolución del modelo minero en la Argentina, es así, que “el paradigma extractivista cuenta con una larga y oscura historia en América Latina, marcada por la constitución de enclaves coloniales, altamente destructivos de las economías locales y directamente relacionado con la esclavización y el empobrecimiento de las poblaciones” (Svampa; Antonelli; 2010). La megaminería a cielo abierto se ha instalado también gracias a un marco regulatorio proporcionado en la década de los 90[24], en donde las empresas transnacionales cuentan con el amparo del Estado para desarrollar el modelo minero. En este marco, Eduardo Nieva planteaba la preocupación por este tipo de emprendimientos, que lejos están de garantizar desarrollo y prosperidad para las comunidades, en este sentido y en el marco de la disputa por los territorios nos decía: “(…) no tengo duda que a pesar de que Argentina se reserva el derecho de los recursos del subsuelo, yo sostengo que los pueblos indígenas tienen derecho a los recursos del subsuelo, aunque no estén reconocidos por los gobiernos nacionales (…) por derecho natural, por derecho propio, esos recursos que están en nuestras tierras no se tocan, no pueden venir y entrar porque hay una reserva del Estado, nosotros somos pueblos preexistentes”.
El establecimiento de la minería a gran escala, no solo perjudica al territorio circundante, sino que produce grandes transformaciones socioeconómicas, modifica el entorno, utiliza en grandes dimensiones otros recursos, como por ejemplo el agua, la energía, etc. En este marco, la emergencia de movimientos sociales que resisten a los emprendimientos de megaminería ha crecido en el último tiempo, propiciando estrategias políticas para impedir su asentamiento, como así también la visibilización de la problemática en relación a la explotación de los recursos naturales.
Hay una particularidad que es menester rescatar en relación a cómo se realiza la explotación y extracción de minerales, cuyo método se ha modificado en relación a un contexto de escasez de recursos. En este sentido, la megaminería se desarrolla a través de un nuevo proceso violento, “los metales, cada vez más escasos, se encuentran en un estado de diseminación y sólo pueden ser extraídos a través de nuevas tecnologías, luego de producir voladuras de montañas por dinamitación, a partir de la utilización de sustancias químicas para disolver los metales del mineral que los contiene” (Svampa; Antonelli; 2010).
El antecedente más antiguo, que se posiciona como el primer emprendimiento minero transnacional del país, es la empresa minera Bajo La Alumbrera, en la Provincia de Catamarca. Es la primera vez que se efectivizan todas las legislaciones para garantizar los megaproyectos, “imbuidas en el ideario del dominante Consenso de Washington y componente clave de las contrarreformas neoliberales de la época, estuvieron deliberadamente orientadas a garantizar el acceso de los capitales privados a la explotación de los recursos mineros, creando derechos de propiedad de los inversionistas sobre los yacimientos” (Svampa; Antonelli; 2010). Un delegado de base de la comunidad de Talapaso, nos hacía referencia sobre los efectos de la explotación minera: “estas empresas como La Alumbrera, que está trabajando hace más de 13 años [y] la que se va a abrir ahora Agua Rica y otras tantas a cielo abierto que en otros lugares del mundo no se puede hacer porque su organización jurídica no lo permite (…). La contaminación que ya ha hecho la minería, ha llegado por el Valle Calchaquí a todos los diques”.
El método de explotación es a cielo abierto, extrayendo diversos minerales, sobre todo cobre, oro, entre otros. El funcionamiento del emprendimiento minero, no solo interviene en el espacio otorgado, sino que también explota insumos de otros espacios adyacentes. Uno de los recursos problemáticos es el agua, la Minera Alumbrera obtuvo del gobierno de la provincia de Catamarca “un permiso de extracción de 1.200 litros de agua por segundo de una reserva natural de agua fósil” (Svampa; Antonelli; 2010). Las comunidades de pueblos originarios son conscientes de lo que implica la utilización del agua y en ese marco Eduardo Nieva plantea la importancia del reconocimiento pronunciado por la ONU que “(…) saco la resolución que reconoce al agua como derecho humano (…), es sumamente interesante porque antes se la veía como un recurso natural y era un elemento vital, pero hora es un derecho humano universal y eso es positivo, es el elemento que está ahora en vista de todas estas empresas, para abaratar sus costos y cuanto menos impuestos paguen y gastos tengan mejor(…)”[25]. Por otro lado se evidencia una concepción distinta con lo que respecta a la utilización de los recursos naturales, y la problemática que implica la contaminación de los mismos; “el agua, es sagrada porque es uno de los elementos que hace a la vida (…). Y con esa agua que ya han sacado, que la han utilizado para lavar minerales, que la han contaminado con venenos, que por muchos años no se va a ir, o quedan impregnados en las rocas, en el suelo, donde sea que las han esparcido los vientos, por muchos años va a estar allí y va a seguir contaminado, va a matar muchas plantas, va a matar muchos animales (…)”[26]
En el contexto de expansión del modelo minero, el punto crucial de conflicto es la lucha por el territorio frente a los procesos de expropiación ligados a la complicidad del Estado (provincial y nacional) y de las multinacionales. Los conflictos visibilizan un proceso de transformaciones del espacio natural, ya que se establecen mecanismos para la apropiación y usurpación de territorios que modifican el paisaje geográfico, paralelamente se produce una “colonización del espacio” que implica a la vez la “colonización de sus poblaciones y formas de vida” (Svampa; Antonelli; 2010). En el caso de la comunidad de Amaicha, pero que abarca al conjunto de las comunidades del Valle Calchaquí, la estrategia radica en el concepto de derecho natural y propio en relación a la utilización de los recursos del subsuelo que se encuentran en sus territorios.
La gran lucha por el territorio es una lucha de concepciones, los usos y formas de ese espacio que se habita como también la imposición de un esquema territorial ajeno a las comunidades, desintegrando el espacio socioeconómico local, y generando una dependencia de la industria minera como fuente de trabajo y “crecimiento económico”.
En la lógica de la empresa Bajo La Alumbrera, es necesario recalcar como interviene y articula con instituciones nacionales[27], a partir del otorgamiento de fondos a las Universidades Nacionales, generando un debate hacia el interior de la comunidad universitaria.
Por último la lucha contra el establecimiento de proyectos de megaminería no involucra solamente a los pueblos originarios, sino que es una problemática que incorpora al resto de la sociedad. Huaypo nos resumía esta problemática considerando que, “nosotros estamos dispuestos a resistir y vamos a resistir el tema este de la contaminación, de la instalación de empresas extractivas, que nos traen hambre, no solo a nosotros sino a las generaciones futuras, nos están coartando el derecho al desarrollo comunitario como pueblo. No solo a nosotros, los indios, también a los que no son indios que están instalados en la zona y nosotros decimos: son hermanos nuestros”.
IV. b) “Sangre por vino”[28]: los emprendimientos vitivinícolas
En el año 2008 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria impulsó la creación del Grupo de Productores Vitivinícolas “Tucumán-Calchaquí”. Este grupo de inversores participó de varios encuentros promovidos por el INTA y el gobierno provincial, con el objetivo de difundir la actividad vitivinícola en la zona. Se definía entonces un área de producción, de unas 80 hectáreas de superficie, desde Chañar Solo, al norte de Colalao del Valle, hasta Campo de los Chañares, sobre la Ruta Nacional Nº 40 en el km 4284,5 y desde esta ruta, hasta los Zazos incluyendo El Paraíso y Amaicha del Valle. Las condiciones geográficas del lugar ofrecen un potencial vitivinícola muy alto (más aún que Cafayate, ubicado a 40 km al norte por la ruta 40) siendo aptas para la producción de vinos de “alta gama”, destinados a la exportación.
Poco pareció importarles a los organismos participantes de estos encuentros (entre ellos la UNT) el hecho de que esos territorios son habitados por comunidades indígenas ancestralmente. En el caso de Quilmes, como hemos señalado, el no reconocimiento por parte del Poder Judicial de la personería jurídica de la Comunidad India Quilmes, favoreció la instrumentación del desalojo de más de 40 familias acusadas de “usurpadoras”. Era claramente una maniobra para desatender sus derechos como Comunidad Indígena.
Una de las sociedades que intervino en los desalojos fue Neocon S.R.L., empresa constructora que, tras la crisis del 2001, comenzó a diversificarse, pasando a “adquirir” un campo en Colalao del Valle y otro en Tolombón (Salta), “para ofrecerlo en parcelas a desarrolladores turísticos y agroindustriales –bodegas y viñedos”[29]. Empleados de la empresa tomaron parte en los desalojos, sumándose como fuerza de choque al operativo policial[30]. El Ingeniero Alberto Guardia es un reconocido terrateniente de la zona, que tiene además vínculos con el poder judicial y con funcionarios provinciales.
En medio de los desalojos e intimidaciones en Colalao del Valle, la Unión Diaguita, emitió un comunicado el 19 de diciembre de 2009, en donde sostenía que
“(…) es el Estado quien tiene la obligación positiva de remover los vastos factores sociales, económicos, culturales y/o funcionales, que obstaculizan el ejercicio de estos derechos. Pero esa obligación no solo no está siendo cumplida por el estado tucumano sino que, en esa región del Valle Calchaquí, está haciendo todo lo contrario (…); está promoviendo sostenidamente el desembarco de “pioneros” de la producción vitivinícola y el servicio turístico, los cuales no son más que funcionarios políticos advenedizos que usan el aparato del estado tucumano para usurpar territorio, recursos naturales e intangibles del Pueblo Quilmes. (…)
Algunos (…) no son empresarios genuinos, sino funcionarios del estado provincial y nacional, tal es el caso de Alfredo Montalván, Secretario de Medio Ambiente de la provincia y la familia cuyo representante es asesor en el ministerio de Salud de la Nación (…) Estas son las razones del ninguneo legal que experimenta la Comunidad India Quilmes.”[31]
Al desconocer a la Comunidad como interlocutora, la justicia reduce el litigio a una cuestión de particulares. Los desalojos instruidos por el Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, desconocen la ley 26.160 como marco de protección a los Pueblos Originarios y se basan en disposiciones del Código Civil. “Se cercena así un derecho adquirido y fundamental de la Comunidad Indígena a su reconocimiento preexistente y de acceder a los Tribunales de Justicia para defender sus derechos sobre la tierra.”[32]
Darío Abdalá, abogado de la asociación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), señala bien que entre la judicatura
“hay un sentimiento de pertenencia de clase, pues son miembros de familias que han sido, son o quieren ser terratenientes, y una ideología muy conservadora, por lo que no van a ir en contra de la propiedad privada para defender tierras comunitarias, que tuvieron un reconocimiento legal mucho más tardío. Es una cuestión cultural y pedagógica lograr el mismo rango de protección para la propiedad privada que para la comunitaria”. Para Abdalá se estaría en presencia de “un caso testigo para disciplinar a otras comunidades”.[33]
Los métodos de disciplinamiento incluyen además el recurso al asesinato, tal como ocurrió con Javier Chocobar, de 68 años, miembro del Consejo de Ancianos de la comunidad de Chuschagasta, Trancas, muerto a sangre fría por el terrateniente Darío Amín, acompañado de Luis “el niño” Gómez -ex policía del comando represor Atila- y Jorge Valdivieso –también policía retirado[34]. El caso de Esperanza Nieva no se ha esclarecido pero los dirigentes sostienen que hay relación entre ambos crímenes en función de los intereses en juego.
V. Derechos y legislación
En este apartado queremos hacer una aproximación al proceso de reconocimiento institucional de los pueblos originarios. La adquisición de derechos constitucionales fue un proceso complejo, “primero surgieron las leyes provinciales y nacionales y posteriormente se han incorporado los conceptos (…) en la Constitución Nacional” (Carrasco; 2000). La reforma constitucional de 1994, incorpora los derechos de los pueblos originarios, reconociendo “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.” Sin embargo, la problemática actual radica en la imposibilidad de ejecutar las reformas. La UPND plantea que actualmente continua siendo problemática la titularización de las tierras indígenas y los ataques a la posesión ancestral.
El recorrido histórico constitucional se enmarca en una serie de leyes pronunciadas a mediados del siglo XIX, en el contexto del proceso de construcción del estado nacional.
Hacia 1940, la política estatal para los pueblos originarios se modifica, se intentarán leyes de “integración”. En la década de los setenta, se pronuncian por la “reparación histórica”. Los ochenta son un momento propicio, es a partir de este contexto, que se prefiguran aportes en la reforma constitucional de 1994. Los noventa se inician con un proceso interesante de idas y vueltas en torno a declaraciones y proyectos de reformas. Se constituye el Foro Permanente por los derechos de los pueblos indígenas y además se incorpora legislación internacional.[35]
A pesar de las modificaciones legislativas, podemos afirmar la continuidad de una estructura colonial fundamentada en la idea de que los territorios en donde habitan los pueblos originarios pueden ser usurpados y utilizados como “tierras de nadie”. Por último, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha incidido en la producción jurídica, introduce en lo político el reconocimiento de los pueblos, autogobierno, derechos sobre los recursos naturales, culturales y a crear sus propias instituciones e incorpora el concepto de territorio para referirse a la “totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan (…).” En el caso de Amaicha y Quilmes, las comunidades tienen como fundamento la idea de que “jamás han interrumpido un gobierno indígena”.
Otro antecedente que avanza en los aspectos conceptuales es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuya versión final ha sido aprobada en 1994. Esta declaración hace hincapié en el “derecho a la libre determinación”.
Posterior a la reforma constitucional de 1994 las provincias realizaron sus respectivas modificaciones constitucionales. La reforma en la provincia de Tucumán, doce años después, reconoce la preexistencia étnica y las instituciones de los pueblos indígenas. Sin embargo continúa siendo problemática la aplicación de los derechos reconocidos.
El documento realizado por la UPDN y abogados manifiesta que “la propiedad comunitaria indígena es inherente a cada comunidad (…) y se basa en la cosmovisión y sus propias normas, valores, costumbres y leyes consuetudinarias (…), y se corresponde con personas jurídicas con autodeterminación”.
En el conflicto sobre la propiedad comunitaria, interviene directamente la noción de posesión comunitaria que difiere del concepto de propiedad privada capitalista. Hay una diferencia conceptual entre posesión y propiedad, que en el marco jurídico incide al momento de la lucha por la posesión de la tierra. En este sentido, la posesión de la tierra implica la inexistencia de título de propiedad, pero con el usufructo de la tierra. La propiedad implicaría un status de privacidad con título individual. En Amaicha y Quilmes, el amparo legal radica en la existencia de la Cédula Real. En el contexto de la ley 26160 se ha comenzado un proyecto de relevamiento de las comunidades.[36] Dicha ley dispone la suspensión de los desalojos. Eduardo Nieva plantea “la resistencia a aplicar las leyes que ellos mismos aprueban para nosotros”. En el caso de los desalojos en Colalao del Valle el juez de paz Adolfo Salazar y el Juez Dr. Juan Carlos Peral junto con el Estado provincial, garantizan la usurpación del territorio por parte de la empresa Neocon.
En el año 2001 se ha dictado una resolución sobre el caso Awas Tingni[37] como un precedente de revisión del artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que legisla en torno a la propiedad privada, “el tipo de posesión, el tipo de uso (…) y goce, son distintas (…), la corte reinterpreto el artículo y dijo: el art 21 también protege la propiedad comunitaria (…) no es solamente las tierras [que] están cercadas sino todo lo que ellos usan, donde ellos habitan, (…) la de los pueblos indígenas es una relación espiritual”.[38]
Las situaciones de despojo nos recuerdan a las políticas de avance de la frontera del siglo XIX por parte del incipiente Estado-nación, los procedimientos para llevar a cabo estas prácticas tienen como fundamento la “priorización del derecho a propiedad privada sobre el derecho a la vida o el derecho al trabajo”. (Domínguez; 2003)
Frente al conflicto las comunidades se unen para dar respuesta a esta situación, “nos constituimos en asamblea permanente con la presencia de otros caciques y comuneros de otras localidades para deliberar qué acción tomar con esta situación de emergencia. La decisión tomada era volver a los terrenos posicionando nuevamente las familias afectadas.”[39]
Es interesante remarcar el proceso organizativo de las comunidades que forman la UPDN, este espacio surge de “la necesidad de todas las comunidades de unirse en el mismo objeto, con un solo fin, que sería defender las tierras”.[40]
Conclusiones
El hacendado, el latifundista, es un señor feudal. Contra su autoridad, sufragada contra el ambiente y el hábito, es impotente la ley escrita.
José Carlos Mariátegui
Desde la llegada de los españoles a los Valles Calchaquíes, las poblaciones diaguitas calchaquíes sufrieron la desestructuración de sus formas organizativas. El mundo agrario creado por estos pueblos, se vio trastocado por la colonización española que los sometió a formas de explotación no conocidas hasta ese momento. Las desnaturalizaciones, las formas no libres de trabajo, el repoblamiento de los valles, el latifundio, la tarea evangelizadora de la iglesia católica fueron parte de los mecanismos aculturantes utilizados por los súbditos de la corona para menguar la fortaleza cultural de estos pueblos agroalfareros. Aún así, y a pesar de la tarea horadante de las familias terratenientes potenciadas durante el período de construcción del Estado argentino, estos pueblos, pudieron mantener formas económicas y culturales. Estas formas tienen estrecha relación con la tierra por su origen campesino. “Nosotros sin territorio, nos sacan parte de nuestra vida, de nuestro legado cultural” nos dice Sergio Condorí.
Generación tras generación, los diaguitas han mantenido parte de las formas ancestrales de vida, rearticulándose regionalmente cada vez que los climas políticos lo hicieron posible. Estas situaciones coinciden con los trabajadores de la ciudad luchando por sus derechos e intentando llevar adelante un programa de sociedad.
A la integración de las comunidades en la UPND se le opone el poder económico capitalista. Este poder económico está interesado en generar negocios en los valles Calchaquíes a través de inversiones en turismo, minería y vitivinicultura. Para esto se ha trazado una serie de estrategias que emulan, suponemos, a las guerras de baja intensidad (GBI), es decir: 1. Represión, como asesinatos selectivos de referentes o líderes o la criminalización y detenciones de referentes como la de Sergio Condorí; 2. Económico como manejo de cursos de agua, estafas como a la “Finca de Rafael González, “(...) un viejito que ya tiene más de 94 años, que en un momento dado un político (...), le hizo firmar como que le vendía las tierras, le transfería las tierras, este político es Ocaranza[41], y 3. Psicológico, como la invisibilización y el desconocimiento de la preexistencia, “no son indios” es la frase de sentido común.
Este tipo de confrontaciones poseen tres frentes en disputa: en el territorio (los valles Calchaquíes), en las instituciones (el poder económico está imbricado en el sistema judicial y político, además utilizan a las fuerzas de seguridad, garantes de ese poder económico), en la opinión pública (los medios locales, nacionales e internacionales son parte del lobby minero, turístico y vitivinícola) que va erosionando poco a poco a las comunidades de pueblos originarios deslegitimándolos para aislarlos del resto de la población civil.
Las comunidades lucharon por el reconocimiento legislativo y constitucional. Una variedad de declaraciones internacionales, leyes que “reconocen” los derechos de los pueblos originarios fueron pronunciadas en los últimos tiempos. Sin embargo, aprobada la ley, las situaciones de despojo y usurpación del territorio[42] siguen siendo una constante. La práctica del desalojo “se instala como la principal amenaza de las comunidades campesinas e indígenas del país, y como puesta en evidencia del no cumplimiento de sus derechos.” (Domínguez; 2003)
Entre los desafíos a encarar por los pueblos diaguitas, uno de los principales es trascender el aislamiento, un ejemplo concreto fue la marcha de los pueblos originarios, una peregrinación más que dio como resultado un tejido de relaciones emergentes y la posibilidad de generar estrategias de articulación con otras organizaciones.
Para finalizar, creemos conveniente expresar el pensamiento de Pablo Dávalos respecto a que los movimientos “reivindican una agenda que, definitivamente, enriquece la posibilidad de reconstruir los horizontes emancipatorios y las prácticas políticas de resistencia pero que, al mismo tiempo, se demuestra incapaz de generar un proyecto político de convergencia de todas las fuerzas en función de un programa unitario, y una acción política en función de la conquista del poder, porque todos ellos discrepan sobre la noción de poder.”
En Argentina la presencia de los pueblos originarios ha sido invisibilizada. Pero a partir de un largo proceso de avances jurídicos y de una resistencia que inevitablemente se vuelve sostenida, el movimiento indígena está en condiciones de forjar para sí un nuevo papel.
Referencia Bibliográfica
· Ansaldi, Waldo. “Quedarse afuera, ladrando como perros a los muros. Protesta y movimientos sociales en América Latina en la bisagra de los siglos XX y XXI”, en Movimientos Sociales. Experiencias históricas. Tendencias y conflictos, Anuario Nº 21, Segunda Época 2005/2006, Escuela de Historia, FHA, UNR, Ed. Homo SAPIENS
· Svampa, Maristela, Antonelli. A. Mirta (editoras). Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales; Buenos Aires: Editorial Biblos Sociedad; 2010.
· Aráoz Machado, Horacio. “Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de la Minera Alumbrera” en Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales; Buenos Aires; Editorial Biblos Sociedad; 2010.
· “Los Quilmes. Contamos nuestra historia” publicación editada por la Comunidad India Quilmes, Tucumán, 2008.
· Carrasco, Morita. Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina; Bs As; Ed. Vincinguerra; 2000.
· Domínguez, Diego. “¿Movimiento campesino en Argentina?” Grupo de Estudios Rurales; UBA, 2003.
· Rubio Durán, Francisco A. “Adaptación de la Artillería al medio americano: las guerras calchaquíes en el siglo XVII”. http://revistas.ucm.es/amm/02148765/articulos/MILT9797220017A.PDF, 1997.
· Carlón, Florencia. “La reducción Exaltación de la Cruz de los indios Quilmes: un caso de relocalización étnica en Pampa a fines del siglo XVII”, http://www.scielo.org.ar/, La Plata ago. /dic. 2007.
· Concheiro Bórquez, Luciano. “Movimientos campesinos e indígenas en México: la lucha por la tierra”. Luciano Concheiro Bórquez, Sergio Grajales Ventura. En: OSAL: Observatorio Social de América Latina. Año 6 no. 16 (jun. 2005- ). Buenos Aires: CLACSO, 2005.
· Garcés, Mario. “Los movimientos sociales en América Latina en el Actual contexto” http://www.flacsoandes.org/web/imagesFTP/1263400166.Garces.pdf 20 de junio de 2003.
· Quintián Juan Ignacio, “Articulación política y etnogénesis en los Valles Calchaquíes. Los Pulares durante los siglos XVII y XVIII”. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-80902008000100012. 19/12/2008.
· Dávalos, Pablo. “Plurinacionalidad y poder político en el movimiento indígena ecuatoriano” En: Revista OSAL enero de 2003.
· Dávalos, Pablo. “Movimientos sociales y razón liberal: los límites de la historia”. Revista OSAL n 20. Mayo-agosto de 2006.
Sitios web
· www.uniondiaguita.blogspot.com
· “Reflexiones, aportes y recomendaciones para instrumentación del reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria indígena” www.uniondiaguita.blogspot.com 12/09/2010.
· “Argentina: pueblos indígenas demandan Estado plurinacional” http://argentina.indymedia.org/news/2010/07/741365.php, 15/07/2010.
· Convenio 169 (OIT) “Pueblos indígenas y tribales en países independientes” http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm.
· “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html.
· “El 63 % de las comunidades retiraron a la UNT como ejecutora del relevamiento” www.argentina.indymedia.org/news/2010/08/744619.php 6/08/2010.
· Camino, Amando, “Sangre por vino. Intereses agrícolas y turísticos amenazan las propiedades indígenas en los valles calchaquíes. Gobierno y abogados tucumanos coinciden en lamentar la “restrictiva interpretación” judicial de leyes favorables a los nativos” http://periodismohumano.com/economia/sangre-por-vino.html.13/04/10.
· Nota y entrevista a Alberto Guardia en sitio web del Grupo Construya http://www.grupoconstruya.com.ar/notas/Informes_Detalles.asp?CCTN=873&CINF=7.
· Sitio de Neocon: http://www.neocon.com.ar/HOME2.html.
· Comunicado de la UPND; prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1427&Itemid=1, 19/12/09.
· “Los imputados por el asesinato de Chocobar, liberados por la justicia”; http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1539&Itemid=34, 02/03/10.
· “Así actuaron los asesinos de Javier Chocobar, hoy libres” http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1686&Itemid=1 05/05/10.
· Rodriguez; Lorandi http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/34%283%29/431.pdf
· “Caminando por la Verdad, hacia un Estado Plurinacional” http://confederacionmapuce.com.ar, 30/04/2010.
· “Mujeres Diaguitas reivindican sus derechos” http://www.anred.org/article.php3?id_article=3306 18/01/10.
· “Organización de Mujeres Diaguita” http://uniondiaguita.blogspot.com/p/encuentro-de-mujeres-diaguita.html 22/06/10.
· García Salemi, Ana Cecilia. Comunidad India Quilmes: crónica del despojo y la persecución. UNT. 2009.
Entrevistas realizadas en 2009 y 2010 a comuneros/as:
· Amaicha: Celia Segura de Andrada, Sebastián Pastrana, Eduardo Nieva, Rosana Sánchez.
· Quilmes: Luis Costilla, Simón Costilla, Jesús Costilla, Francisco Chaile, Antonio Caro (Huaypo), Huayra Puca, Sergio Condorí.
[1] Para el armado de la siguiente cronología se tomaron diferentes estudios sobre la historia colonial y del siglo XIX de la zona afectada, además de fuentes orales y publicaciones de las comunidades de pueblos originarios de Amaicha y Quilmes.
[2] Nos referimos a la zona que actualmente comparten las provincias de Catamarca, La Rioja, Salta y Tucumán. En cuanto a la localización espacial de todo el proceso, diremos que los acontecimientos se desarrollan en la zona más alta del área tucumana; un vasto territorio comprendido entre la cordillera de los Andes, al oeste, y una serie de cadenas montañosas —estribaciones de las sierras subandinas y pampeanas— al este; desde la puna jujeña, al norte, hasta la parte central de la actual provincia de La Rioja, al sur. Territorio ceñido por un cinturón de ciudades que conformarían el camino al Alto Perú, conectando la región con la fachada atlántica y con Santiago de Chile a través de las rutas que se unían en Córdoba.
Vertientes casi inaccesibles, profundos valles y quebradas, áridas punas, fértiles y fragosas zonas pedemontanas..., que determinan unas condiciones bioclimáticas características de esta región surandina, y que dieron lugar a que se conformase la región como una zona —en cierta medida— homogénea y uniformizada, en la que se desarrollaron grupos étnicos con una capacidad de adaptación al medio tal, que les permitió acceder a estadios culturales más avanzados y a la total dominación de los diferentes pisos ecológicos con un desarrollo agropecuario capaz de mantener esas pequeñas parcialidades y el equilibrio en la
[3] Diferentes autores nombran la variedad de pueblos unidos por la lengua kakana, en algunos casos se notan diferencias respecto a parcialidades venidas ya en el período de hegemonía inca en la región. Entre los pueblos se podrían nombrar abaucanes, acalianes, amaichas, andalgalenses, anquinahao, cafayates, caspichangos, cololaos, cuschagastas, chicoana, choyanos, chucugasta, famatines, guandacoles, hualfines, luracato, pacciocas, pipanacos, quilmes, tafíes, tolombones, tucumangastas, yocaviles.
[4] Rubio Durán relata que el segundo alzamiento ocurrió entre los años 1630 a 1637, y aunque la pacificación no fuera completada, las consecuencias socioeconomicas fueron terribles y la situación militar inestable...; los frentes se paralizaron las acciones bélicas y la inestabilidad y tensión que en ellos se vivía no estalló hasta 1656-57, cuando comenzó a gestarse el tercer alzamiento de las parcialidades indígenas de la región; alzamiento que fue sofocado en el período de 1665-70. Después de numerosas campañas de hostigamiento en el propio hábitat indígena, llevadas a cabo por el Gobernador Alonso de Mercado y Villacorta, y tras numerosas, también, entradas de los alzados en las zonas colonizadas, causando importantes perjuicios y dislocando el sistema. Y en nota al pie que corresponde a este párrafo destaca una cita de fuente “Buscamos refugio a nuestras fatigas. Prometiéndonos de la Cathólica atención de V.R.M. puerto de seguro auxilio a las borrascosas persecuciones que a la memoria se representa de los naturales del valle de Calchaquí, rebeldes siempre desde su primer descubrimiento…”. Carta del Cabildo de Catamarca a SM. de 1 de diciembre de 1692. AGl. Charcas.
[5] En “Los Quilmes. Contamos nuestra historia” publicación editada por la Comunidad India Quilmes, relatan que Chelenin fue descuartizado y desmembrado, y sus partes colgadas en cada pueblo como escarmiento. Ver bibliografía.
[6] En un trabajo sobre los pulares (pueblo pluriétnico originado a partir del período de hegemonía inca, en el caso de los chicoanas originarios de Cuzco), Juan Ignacio Quintián relata: fundada la ciudad de Salta la parcialidad de pulares liderada por Calibay -los chicoanas- se aliaron a los españoles. Como resultado de este acuerdo fueron asentados sobre una de las entradas al valle Calchaquí para custodiarla, inaugurando un área fronteriza... Pero en 1630 las noticias sobre las riquezas minerales ocultas en el Valle alentaron el avance español sobre la frontera que desencadenó la segunda rebelión indígena. Articulación política y etnogénesis en los Valles Calchaquíes. Los Pulares durante los siglos XVII y XVIII. Juan Ignacio Quintián, http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-80902008000100012
Otras de las parcialidades aliadas a los españoles fueron los Ingamana de Andalgalá donde el trabajo de Lorena B. Rodríguez se sumerge en la fuentes que dan cuenta de esta alianza:
“… fueron las guerras criminosas del valle de Calchaquí y habiendo entrado el señor gobernador don Alonso de Mercado con los tercios de soldados por la parte de Salta también entró por la parte de la Rioja el general don Francisco de Nieva con las compañías que por aquella parte tocaban; y dicho mi abuelo don Juan Camisac… le ofreció a dicho general su persona y toda su gente para que sirviesen y peleasen… que Dios guarde como ejecutó y cumplió perdiendo más de cuarenta indios de su pueblo que mataron en las peleas y batallas que se ofrecieron en dichas guerras y hasta la última conquista y desnaturalización del menor indio nunca se apartó dicho mi abuelo del lado de los ejércitos de españoles peleando y guerreando a los otros indios así mismo en la rebelión y alzamiento… que todo lo referido es público y notorio y habiendo servido y asistido con la lealtad y obediencia dicho mi abuelo y toda su gente; lo despojaron y desposeyeron de sus tierras y naturales del valle de Calchaquí juntamente con los indios alzados y malhechores… el señor don Alonso de Mercado le hizo la injusticia de desnaturalizarle de calchaquí…”
[7] El otro bando, aunque mucho más homogéneo en cuanto a su configuración étnica, también contaba con excepciones, si bien no muy numerosas, si bastante significativas. Entre los casos más señalados durante el último alzamiento podríamos citar al mestizo Luis Enríquez y. sobre todo, a Pedro de Bohórquez Girón... un andaluz que llegó a proclamarse —o a ser proclamado— Rey de los Incas y que dirigió la confederación indígena. Bohórquez, además era experto en la construcción de cañones de madera y cuero “… ya en el valle Calchaquí, Bohórquez sacaría provecho de este sistema de fabricación, haciéndose labrar varios cañones por los indios para fortificar su residencia… adiestrará a los indios en el uso de estas piezas, así como en el de los arcabuces y demás armas de fuego que le fueron confiadas por el mismo. (Francisco A. Rubio Durán)
[8] “Lo que muchos autores han analizado como sublevaciones o alzamientos indígenas aislados, no son sino episodios de un largo proceso de conquista del territorio y de sometimiento de la población que, para algunas zonas distanciadas de las áreas nucleares, aun para fines del periodo colonial, apenas estaba por consumarse. El problema calchaquí en su conclusión supone la adaptación de un grupo poco nutrido de españoles a un medio hostil, a una geografía casi indómita. La constante inquietud y la permanente sensación de inseguridad determinaron el contexto socieconómico de la zona, que, por razones expuestas con posterioridad, puede considerarse desde un principio como zona de frontera.” (…) Sergio Villalobos delimita el concepto de frontera para «aquellas áreas donde se realiza la ocupación de un espacio vacío o donde se produce el roce de dos pueblos de cultura muy diferente, sea en forma bélica o pacífica. Generalmente el pueblo dominante procura imponer sus intereses y su organización, tareas que pueden prolongarse muchos años después de concluida la ocupación antes de dar pleno resultado. (Francisco A. Rubio Durán).
[9] En Francisco A. Rubio Durán.
[10] Por «desnaturalizaciones» entendemos el traslado forzado de poblaciones y su instalación en nuevas regiones. En Lorena Rodríguez, Ana María Lorandi.
[11] En la historia oral de los pueblos del Valle cuenta que parte de los sitiados en Quilmes escaparon hacia la alta montaña por la parte más alta del pucará. Respecto a este dato, es destacable que el pucará Quilmes y su escarpada geografía posee en la cúspide una salida resguardada que transita por senderos peligrosos y guarecidos con defensas que reforzaría esta historia oral de que sobrevivientes del último sitio hayan salido por dicho lugar con rumbo a la alta montaña, donde la economía diaguita (similar al resto de las culturas andinas, es decir, economías verticales) tenía asentamiento y explotaciones.
[12] Hay múltiples testimonios de esta estrategia de preservación junto a los recurrentes escapes de reducciones y haciendas.
“y lo cierto es que por huir del dicho cura y la doctrina cristiana quieren irse a Calchaquí como lo hacen cada día y dice que quiere juntar la gente cuando yo en persona Vmd. y otros jueces no hemos podido darles caza en aquellos bosques y montes en que se ocultan por gozar del ocio embriaguez e idolatrías… (…) Si bien el documento nos dice que estos indígenas huían a diversos parajes, el valle Calchaquí parece ser el lugar preferido hacia el cual trasladarse: un espacio físico que pudo haber funcionado como lugar de refugio y también como soporte de rememoración. El retorno de indígenas desnaturalizados hacia el valle Calchaquí fue un hecho constante, aunque motivado por diversas razones (traslado de encomenderos, empresarios mineros, huidas periódicas y permanentes, individuales y/o colectivas, etc.). (Lorena B. Rodríguez, 2008).
[13] La huida, puede ser vista, entonces, como una forma más de resistencia indígena a las presiones impuestas a los indígenas en el espacio pampeano. "Los indios que salen de aquí a sus pueblos son muchos con las tropas de vacas y mulas que van al alto Perú y hay que obligarles a los encomenderos que si los sacan los hagan devolver por la gran facilidad de huir a sus pueblos " Informe de Bartolomé González de Pobeda para la Audiencia de Charcas, de 1681, en Florencia Carlón.
[14] Primero fue Nicolás de Aramburu, luego su hijo Fernando y luego el hijo de Fernando, José Antonio.
[15] Sigifredo Brachieri quien, como esposo de Celestina López (viuda de José Antonio Aramburu), encabezará los conflictos territoriales contra los indios de Amaicha hasta las últimas décadas del siglo XIX. En el transcurso de esos años los indios perderán, a pesar de fallos favorables a ellos, el acceso a distintas porciones del terreno (por ej., Tío Punco y La Banda). El punto más álgido del conflicto parece haberse dado en 1872, cuando una nueva sentencia judicial dictaminó que la posesión de las tierras de Amaicha y Encalilla debía pasar a Brachieri. En Florencia Carlón.
[16] Alrededor de 1823, la disputa por las tierras recrudeció a raíz de la cesión en arriendo de parte del estado a algunos individuos por considerar esas tierras como vacas. Así describió la situación José Félix Ayala, a nombre de los indios del pueblo de Amaicha: “…el miliciano Casimiro Rueda, prevalido no sé de qué, nos ha constituido sus tributarios obligándonos a que le hemos de pagar un tanto por regar nuestras tierras con las mismas aguas de nuestro terreno... que dicho Rueda no contento con quemar la casa de la originaria Tomasina Cante, dejando esa triste familia a la intemperie, ha herido a Francisco González, igualmente originario, sin que haya el menor motivo sino el de alegar el derecho a los terrenos nuestros. Asimismo, ha castigado a Roque Ayala por la misma razón.” En Florencia Carlón.
[17]En 1796 cuando don Lorenzo Olivares, alcalde del pueblo de indios de Amaicha, se presentó frente al cabildo de Tucumán y señaló: “…que don Nicolás de Aramburu con el mayor exceso de jurisdicción se ha introducido al Pueblo de Indios nombrado Amaicha existente en el paraje de Tafí y por medio de dos de sus hijos les ha hecho quemar algunas casas de su habitación y se les ha intimado a desocupar aquel terreno en un breve término con lo demás que el expresado pedimento contiene…”
[18] El propio Pastrana dijo que: “(…) últimamente los tribunales de Tucumán han ordenado que se nos desaloje y es por eso que me he venido a buscar el expediente que siguió Olivares, pero a pesar de las grandes diligencias que he hecho no he podido conseguirlo, que sin duda lo habrán hecho extraviar maliciosamente y es entonces que he decidido venir a implorar la protección de V.E (…)”
[19] Ansaldi, Waldo. “Quedarse afuera, ladrando como perros a los muros. Protesta y movimientos sociales en América Latina en la bisagra de los siglos XX y XXI”, en Movimientos Sociales. Experiencias históricas. Tendencias y conflictos, Anuario Nº 21, Segunda Época 2005/2006, Escuela de Historia, FHA, UNR, Ed. Homo SAPIENS. En este segundo momento incluye también las movilizaciones y alzamientos en Bolivia y México y en Argentina el movimiento piquetero, las fábricas recuperadas y las asambleas barriales.
[20] En este sentido es interesante la perspectiva del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, para quien los nuevos movimientos sociales identifican “nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción, y ni siquiera son específicas de ellas, como son la guerra, la polución, el machismo, el racismo o el productivismo”; y abogan “por un nuevo paradigma social, menos basado en la riqueza y en el bienestar material”. Ciertamente, a partir del análisis de los nuevos movimientos sociales, de Sousa Santos sostiene que “Sin postergar las conquistas de la ciudadanía social, como en últimas pretende el liberalismo político-económico, es posible pensar y organizar nuevos ejercicios (..) y nuevas formas de ciudadanía –colectivas y no meramente individuales- (…) basados en formas político-jurídicas que, al contrario de los derechos generales y abstractos, incentiven la autonomía y combatan la dependencia burocrática, personalicen y localicen las competencias interpersonales y colectivas en vez de sujetarlas a patrones abstractos; ejercicios y formas que parten las nuevas formas de exclusión social, basadas en el sexo, en la raza, en la pérdida de calidad de vida, en el consumo, en la guerra, que ahora ocultan o legitiman, ahora complementan y profundizan la exclusión basada en la clase social.”. Aquí reside el sentido de la comunidad para las nuevas perspectivas de emancipación. De Sousa Santos, Boaventura. “Los Nuevos Movimientos Sociales”, en Debates, OSAL, Septiembre de 2001
[21] El INAI, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene como propósito, según reza la presentación oficial “asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas garantizando el cumplimiento de los derechos que los asisten, consagrados constitucionalmente”. Ver sitio web http://www.desarrollosocial.gov.ar/inai/site/default.asp. En la coyuntura actual a acción del INAI se corresponde con la política de “reparación histórica” que habría impulsado el gobierno nacional.
[22] En el sitio web de Barrick Gold Sudamérica se puede acceder a videos con entrevistas a miembros de la comunidad diaguita. Barrik Sudamérica “Proyecto Pascua-Lama” http://www.barricksudamerica.com/proyectos/pascua-lama_informacion.php 10/06/10.
[23] Para el Primer Encuentro ver sitio eb de la Agencia de Noticias RedAcción, ANRed, “Mujeres Diaguitas reivindican sus derechos” http://www.anred.org/article.php3?id_article=3306 18/01/10. Ver también sitio de la UPND. “Organización de Mujeres Diaguita” http://uniondiaguita.blogspot.com/p/encuentro-de-mujeres-diaguita.html 22/06/10.
[24] La reforma constitucional, implicó el desinterés por parte del Estado nacional de los recursos naturales. Se realiza un proceso de provincialización de la gestión de los recursos naturales y se renuncia a su explotación, permitiendo el proceso de privatización en manos de empresas multinacionales.
[25] Entrevista a Eduardo Nieva.
[26] Entrevista a Huaypo, delegado de base de Talapaso.
[27] Si bien algunas Universidades Nacionales han rechazado los fondos propuestos por la minera Bajo La Alumbrera, y otras se encuentran en procesos de discusión sobre los mismos, en el caso de la Universidad de Tucumán ha aceptado esos fondos. Es en este proceso en el cual los pueblos originarios ponen en contradicción su participación en el relevamiento territorial, entre otras cuestiones.
[28] Camino, Amando, “Sangre por vino. Intereses agrícolas y turísticos amenazan las propiedades indígenas en los valles calchaquíes. Gobierno y abogados tucumanos coinciden en lamentar la “restrictiva interpretación” judicial de leyes favorables a los nativos” http://periodismohumano.com/economia/sangre-por-vino.html 13/04/10
[29] Nota y entrevista a Alberto Guardia en sitio web del Grupo Construya http://www.grupoconstruya.com.ar/notas/Informes_Detalles.asp?CCTN=873&CINF=7
Ver también sitio de Neocon: http://www.neocon.com.ar/HOME2.html
[30] García Salemi, Ana Cecilia. Comunidad India Quilmes: crónica del despojo y la persecución, UNT, 2009.
[31] Comunicado de la UPND; prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1427&Itemid=1 19/12/09.
[32] Idem.
[33] Citado en Camino, Amando, Op.Cit.
[34] El hecho se produjo, paradójicamente, en la fecha del 12 de octubre del año 2009. A pesar del video grabado por los mismos asesinos, en el que las imágenes los incriminan claramente, los tres están en libertad. Ver Contrapunto. Prensa alternativa. “Los imputados por el asesinato de Chocobar, liberados por la justicia”; http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1539&Itemid=34 02/03/10 y “Así actuaron los asesinos de Javier Chocobar, hoy libres” http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1686&Itemid=1 05/05/10.
[35] La Declaración de Barbados de 1971 es un antecedente de la normativa internacional respecto a los pueblos originarios.
[36] Programa implementado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el aporte de técnicos de la Universidad Nacional de Tucumán. La participación de la UNT fue rechazada por el 63 % de las comunidades.
[37] Es una comunidad indígena situada en la Costa Atlántica de Nicaragua. En los años 90 el Gobierno nicaragüense concedió a la compañía surcoreana SOLCARSA derechos de explotación maderera sobre los territorios ancestrales de la comunidad, a pesar del reconocimiento por parte de la Constitución de Nicaragua y de otras leyes posteriores del derecho de los pueblos indígenas al disfrute de sus tierras tradicionales.
[38] Entrevista a Eduardo Nieva.
[39] Documentación de la Unión Diaguita brindada por Sergio Condorí.
[40] Entrevista a Eduardo Nieva.
[41] El entrevistado se refiere al Peronista Rodolfo Ocaranza.
[42] La apropiación ilegítima del territorio por parte de los terratenientes es denunciada por los pueblos originarios que habitan la Argentina, como por ejemplo, los mapuches y su disputa con la firma Benetton, las denuncias y acciones desarrolladas por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) entre otros.
